Las empresas militares privadas han convertido al viejo mercenario en contratista, operador o proveedor de seguridad. Detrás del lenguaje corporativo aparece una pregunta incómoda: qué ocurre cuando la guerra, la inteligencia y el uso de la fuerza pasan a manos de compañías que responden ante quien puede pagarlas.
Siempre hay una guerra en alguna parte: Libia, Irán, Afganistán, Yemen, Etiopía, Camerún, Ucrania. El año pasado se registraron más de 10 conflictos activos, y nada hace pensar que no continúen o que no recrudezcan. Sin embargo, la forma tradicional de la confrontación, la de ejército contra ejército, comienza a desaparecer o adoptan formas nuevas. Es así que en las últimas dos décadas surgieron las PMC (Private Military Companies) que, bajo el eufemismo de “contratistas de seguridad”, suministran “operadores” con entrenamiento militar a gobiernos o particulares que lo requieran.
¿Operadores? ¿Contratistas? Detengámonos un instante en las palabras. Las personas que hoy utilizan ese nombre son los antiguos mercenarios: el otro oficio más viejo del mundo. Dice el diccionario que un mercenario es “un soldado que lucha a cambio de dinero o de favores y sin motivaciones ideológicas”. Han existido siempre, los utilizaron Aníbal, el Imperio Romano, las ciudades italianas del Renacimiento, vivieron un auge en el proceso de descolonización de África. Pero el apogeo de las empresas de seguridad o de guerra no llegaría hasta comienzos del siglo XXI.
Agreguemos que la desmovilización militar de las grandes potencias y el fin de algunos conflictos armados, como el de Colombia, arrojaron al mercado a miles de militares, profesionales castrenses bien formados y entrenados por sus gobiernos, dispuestos a aceptar contratos con las corporaciones de seguridad.
El ejército de Estados Unidos no actúa solo durante sus invasiones. La hoy conocida como Academi, antes Blackwater, antes Xe, y antes con otros nombres derivados de un proceso de fusiones y asociaciones, que sirvió para zafar del juicio de la opinión pública, asegura ser “la más completa compañía de militares profesionales para tareas de refuerzo de la ley, seguridad, pacificación y operaciones de estabilidad, en todo el mundo”. En los hechos, es el principal ejército de mercenarios de Estados Unidos y el segundo del país, después del propio ejército regular. Su primer encargo del gobierno consistió en entrenar a cien mil soldados después del ataque al buque USS Cole norteamericano en las costas de Yemen. Con un equipamiento que provoca la envidia de hasta las naciones más ricas, despliega helicópteros, aviones, tanques blindados, sin olvidar un sofisticado armamento de combate. Dicen que la CIA subcontrató sus servicios para matar a Bin Laden y a otros líderes de Al Qaida , y no sería improbable que así fuera. La CIA no podía promover asesinatos por una orden presidencial de 1976, y habría decidido hacer recaer esa responsabilidad sobre Blackwater. Se los llama “los perros de la guerra”, (NdelE: Nombre tomado de la singular novela de Frederick Forsythe) mote que sus directores no consideran insulto sino motivo de orgullo. Dice su fundador, Erick Prince: “Estamos tratando de hacer por la seguridad nacional lo que FedEx hizo por el servicio postal.”
Pero Academi no es la única gran prestadora de servicios bélicos en el mundo: Triple Canopy, también en Estados Unidos, Defion Internacional, en Perú, Garda World, en Nigeria, G4S Secure Solutions, con sede en Reino Unido y Wagner, en Rusia, son las PMC que han estado más activas en los últimos años.
Frente al secreto y la reserva de los viejos mercenarios tradicionales, estas corporaciones cotizan en bolsa, tienen personería jurídica, portales en Internet, servicios de relaciones públicas para atender a la prensa y a futuros clientes. Ofrecen servicios en el mercado internacional, llevan a cabo operaciones logísticas, de mantenimiento del orden público, asistencia, asesoría y seguridad militares, entrenamiento e inteligencia militar. Actividades y funciones que hoy se tercerizan y que antes estaban reservadas a miembros de los ejércitos regulares.
¿Quiénes contratan sus servicios? La demanda es diversa: desde los estados a las grandes multinacionales, desde las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, a las ONG, como Caritas o USAID. No pocas veces operan en una zona oscura y poco transparente que incluye actividades de apoyo a los regímenes dictatoriales o los cárteles de la droga. ¿Por qué las contratan? Suele ser una forma de guerra más barata y de menor riesgo, porque no se entrenan las tropas ni se compra el armamento, y por sobre todo, porque no se rinde cuentas a la molesta opinión pública ni a parlamentos inquisitivos.
Aunque criticadas e identificadas como un peligro para la democracia, algunos aseguran que su forma de operar es la indicada para escenarios a donde no llega el Estado. Así sucedió en Nigeria que, tras el secuestro de las “las niñas de Chibok”, se contrataron los servicios de STTEP (Specialised Tasks, Training, Equipment and Protection), bajo las órdenes de Eeben Barlow, un mítico ex-mando de las fuerzas sudafricanas y uno de los nombres más importantes en el círculo mercenario. Y funcionó, como reconoce Teniola Tayo, investigadora del Instituto de Estudios de Seguridad con sede en Dakar: “Pudieron lograrse avances importantes que no habían conseguido los militares locales y eso marcó un punto de inflexión en la guerra”.
Claro que las cosas no siempre salen como en Nigeria. Hace pocos meses detuvieron a excombatientes colombianos, acusados de estar implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, y trascendió que habían sido reclutados por CTU Security, una empresa de seguridad estadounidense de Florida.
La guerra, como toda actividad social, se encuentra en permanente transformación, y hoy, por ejemplo, hay tres mercenarios por cada soldado regular estadounidense en zonas de guerra, y estos cambios en la dinámica han propiciado no pocas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional. Frente a la tercerización que realizan los estados para resolver sus conflictos, las PMC han adquirido un papel relevante, aunque sin un desarrollo paralelo de normas legales que regulen la privatización de la violencia. Habrá que ver hasta qué punto los Estados siguen cediendo su monopolio de la fuerza a estos particulares, sin un marco legal, sin el menor control, y sobre todo, poniendo en peligro su propia soberanía.
